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Absolución a nuestro cliente en el TSJCyL


En este caso, ABOGADOS. consiguió la absolución para su cliente, que había sido acusado por quebrantar una Orden de Alejamiento contra sus padres. La sentencia explica desde donde y hasta donde debe medirse la distancia de prohibición descrita en la Orden de Alejamiento.                            

ABOGADOS. Abogados Generalistas en Valladolid y Gijón.

SENTENCIA

Absolución a nuestro cliente, en la Audiencia provincial de Valladolid.

 

Emisor: Audiencia Provincial - Valladolid, Sección 4ª

Historial del Caso: Estima el recurso de apelación contra Sentencia de Juzgado de lo Penal Nº 4 de Valladolid, 15 de Abril de 2013

Análisis QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR. En el presente caso, la duda, y duda más que razonable, surge, respecto de la distancia a la que se encontraba el acusado del domicilio de sus padres, respecto de los cuales, tenía, en vigor, una orden de alejamiento de 300 metros. Indicar, que la distancia, no se mide como pretende la defensa del recurrente, respecto del piso donde vivan los afectados, sino que se toma como referencia, la ubicación del inmueble (portal). En primera instancia se condena al acusado. Se estima la apelación.

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

VALLADOLID

SENTENCIA: 00235/2013

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000452 /2013

Letrado/a: ROBERTO MEDIAVILLA RAMOS

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del JDO. DE LO PENAL nº CUATRO de VALLADOLID, por delito de quebrantamiento de medida, seguido contra, Juan Carlos, siendo partes, como apelante, el citado acusado, defendido por el Letrado Roberto Mediavilla Ramos y representado por la Procuradora, Mª Cristina Goicoechea Torres y, como apelado, el Ministerio Fiscal, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS RUIZ ROMERO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Sra. Juez Sustituto del JDO. DE LO PENAL nº Cuatro de VALLADOLID, con fecha

15.4.13, dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos: "Frente al acusado Juan Carlos, mayor de edad y sin antecedentes penales computables, se acordó mediante Auto de fecha 11/08/2010 orden de protección a favor de sus padres, Adolfina y Bernabe, que incluye como medida cautelar penal la prohibición de aproximarse a sus padres y al domicilio de los mismos sito en c/ DIRECCION000, a menos de 300 metros.

Que estando vigente dicha prohibición y siendo consciente de ella, el acusado fue identificado sobre las 20 horas del día 4 de abril de 2011 por agentes de policía en la c/ DIRECCION001 de Valladolid, a la altura del nº NUM000 de dicha calle; a menos de 300 metros del domicilio de sus padres, sito en el portal nº NUM001 - NUM002 de la c/ DIRECCION000 ".

SEGUNDO

La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"Debo condenar y condeno al acusado, Juan Carlos, como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 del Código Penal, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; con imposición al acusado de las costas".

TERCERO

Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal del acusado, que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

CUARTO

Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

- Infracción de precepto legal y constitucional.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurso de apelación que se formula contra la sentencia dictada en la presente causa, debe encontrar una acogida favorable.

Como indica, entre otras muchas la sentencia del TC de fecha 13.9.99, partiendo de que la prueba de cargo es "una actividad que conduce razonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminan al acusado" ( STC 174/1985, fundamento jurídico 5º), y, que, en consecuencia, para desvirtuar la presunción de inocencia "se hace necesario que la evidencia que origine su resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo lo atinente a la participación que, en él, tuvo el acusado" ( SSTC 82/1992, fundamento jurídico 2º; 173/1997, fundamento jurídico 2º; 68/1998, fundamento jurídico 5º), de forma que "la inocencia de que habla el art. 24 de la Constitución, debe entenderse en el sentido de no autoría, no producción del daño o no participación en él" ( STC 141/1986, fundamento jurídico 2º, y SSTC 92/1987, 217/1989, 134/1991, 76/1993, 173/1997, 68/1998 ), el examen de la existencia de prueba de cargo, una vez constatado que se practicaron pruebas y que se obtuvieron con todas las garantías ( SSTC 41/1991, fundamento jurídico 2º; 181/1998, fundamento jurídico 8º), requiere: verificar, primero, que las pruebas o alguna de ellas hayan tenido por objeto los hechos que se atribuyen al acusado y la intervención misma de éste en ellos, pues si las pruebas practicadas no versaron o carecen de virtualidad genérica para acreditar ambos extremos ni siquiera puede entenderse que haya existido prueba; y comprobar, después, que la prueba tenga carácter incriminatorio del acusado, esto es, que pueda servir para fundar el juicio de culpabilidad y, por consiguiente, sostener una condena penal.

Todo ello, no obstante, con independencia del peso que a cada prueba, en sí misma considerada y en su consideración conjunta, pueda asignársele en orden a sostener la condena, y con independencia, también, del control que pueda ejercer este Tribunal, desde la perspectiva del resultado de la valoración, acerca de la razonabilidad del nexo establecido por el órgano judicial entre la prueba y la atribución de responsabilidad criminal al acusado. En palabras de la STC 51/1995 (fundamento jurídico 3º), en el examen de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia "es necesario verificar si ha existido o no esa actividad probatoria que pueda estimarse de cargo y contenga elementos incriminatorios respecto de la participación del acusado en los hechos, dado que por más que el órgano jurisdiccional de instancia sea soberano en la libre apreciación de la prueba, sin que pueda este Tribunal entrar a conocer acerca de la valoración efectuada por el Juez o Tribunal ordinario, la función del Tribunal Constitucional cuando se alega la presunción de inocencia consiste, precisamente, en verificar si ha existido esa actividad probatoria suficiente de la que se pueda deducir la culpabilidad del acusado".

En el presente caso, a juicio de este Tribunal, no se ha podido deducir, con la convicción necesaria que una condena exige, la culpabilidad del acusado, al considerar que las pruebas practicadas no so suficientes para enervar la presunción de inocencia. La duda, y duda más que razonable, surge, respecto de la distancia a la que se encontraba el acusado del domicilio de sus padres, respecto de los cuales, tenía, en vigor, una orden de alejamiento de 300 metros. Indicar, que la distancia, no se mide como pretende la defensa del recurrente, respecto del piso donde vivan los afectados, sino que se toma como referencia, la ubicación del inmueble (portal).

Al acusado se le localiza, de manera casual, en la C/ DIRECCION001, mientras que el domicilio de sus padres está en la C/ DIRECCION000 . Para cualquier persona que conozca la zona, la distancia es difícil de determinar sin una prueba al respecto. Se echa en falta que en la fase de instrucción, no se solicitara, de la Policía Municipal, plano o croquis de la zona, desde el punto en que fue localizado el acusado hasta el domicilio de sus padres. El acusado, como indica la Policía, era habitual de la zona, lo que eliminaría un dolo específico de quebrantar. Tenía, al parecer, estacionado su vehículo en las proximidades, y solo y al parecer, días antes había estado llamando por el telefonillo al domicilio de sus padres. Pero tales indicios o presunciones, no pueden perjudicar al acusado. La distancia de alejamiento no está suficientemente determinada, por lo que el principio "in dubio pro reo", debe jugar a su favor, y con estimación del recurso, dejar sin efecto la sentencia dictada en la presente causa, con absolución del recurrente.

SEGUNDO

Visto el contenido del recurso de apelación, de la fundamentación de la sentencia de instancia y los fundamentos de la presente resolución, se considera procedente, al revocarse la sentencia de instancia, declarar de oficio las costas procesales causadas.

FALLO

ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Juan Carlos, contra la sentencia dictada por el JDO. DE LO PENAL nº CUATRO de VALLADOLID en el procedimiento de que dimana el presente rollo, debemos REVOCAR referida resolución que se deja sin efecto, absolviendo al recurrente y declarando de oficio las costas procesales causadas.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa no ta.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Tres razones para venir a

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