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Absolución a nuestro cliente, en la Audiencia provincial de Valladolid.


En este caso, ABOGADOS defendió a nuestra clienta, quien atropelló a cuatro personas. El atestado incluyó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,57 mlg/litro de aire expirado, y las lesiones ocasionadas a las personas atropelladas, implicaban pagar una responsabilidad civil, de unos 120.000 euros.

Se le acusaba de un delito contra la seguridad del tráfico (alcoholemia), y cuatro delitos de lesiones.

Sabido es que si se conduce bebido, la compañía de Seguros, no se hace cargo de la indemnización a los atropellados. Por lo que la dificultad jurídica estaba en anular la acusación por la alcoholemia.

Después de conversaciones con la Fiscalía ABOGADOS. consiguió demostrarle, que no había prueba alguna en los autos que reflejara la legalidad del etilómetro utilizado en el atestado. A lo que la Fiscalía, y las cuatro Acusaciones particulares optaron por retirar la acusación por alcoholemia. Además conseguimos demostrar la concurrencia de culpa de los atropellados, rebajando la indemnización al 50%, que pagó la compañía de Seguros.

La sentencia fue “de conformidad”.

El problema fue que la juez de lo Penal nº 2 de Valladolid entendió que la sentencia llevaba implícita pagar las Costas del juicio, al haber resultado nuestra clienta culpable por lesiones.

ABOGADOS. apeló esa decisión, y la Audiencia Provincial de Valladolid, nos dio la razón. Nuestra clienta, no pagó las Costas del Juicio.                                       

ABOGADOS. Abogados Generalistas en Valladolid y Gijón.

SENTENCIA

Absolución a nuestro cliente, en la Audiencia provincial de Valladolid.

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

VALLADOLID

SENTENCIA: 00395/2013

Delito: LESIONES POR IMPRUDENCIA

Denunciante/querellante: PELAYO MUTUA DE SEGUROS, MINISTERIO FISCAL, Carla

Procurador/a: D/Dª ISABEL HERRERA SANCHEZ, ANA ISABEL FERNANDEZ MARCOS

Abogado/a: D. MANUEL HERRERA SANCHEZ, D. ROBERTO MEDIAVILLA RAMOS

Procurador/a: D/Dª CRISTOBAL PARDO TORON, GONZALO FRESNO QUEVEDO, JULIO ANTONIO MARIA CLARET ARES RODRIGUEZ

Abogado/a: D/Dª PABLO GARCIA TEJERINA, CESAR DE NICOLAS ORDAX, CESAR DE NICOLAS ORDAX

SENTENCIA Nº 395/13

En VALLADOLID, a veinticuatro de octubre de dos mil trece.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto, en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid, por delitos de lesiones por imprudencia, seguido contra Carla, defendida por el Letrado Don Roberto Mediavilla Ramos y representada por la Procuradora Ana Isabel Fernández Marcos, siendo partes, como apelantes, la citada acusada, y también PELAYO MUTUA DE SEGUROS, defendido por el Letrado Don Manuel Herrera Sánchez y representado por la Procuradora Doña Isabel Herrera Sánchez, y como apelados, el Ministerio Fiscal, Doña Milagros, defendida por el Letrado Don César de Nicolás Ordax y representada por el Procurador Don Julio Samaniego Molpeceres, Doña Adriana, defendida por el Letrado Don César de Nicolás Ordax y representada por el Procurador Don Julio Ares Rodríguez, y Don Simón, defendido por el Letrado Don Pablo García Tejerina y representado por el Procurador Don Cristóbal Pardo Torón; actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON ANGEL SANTIAGO MARTINEZ GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid con fecha 29.05.13 (rectificada por Auto de 12 de agosto de 2013) dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos: "ÚNICO.- Se declara expresamente, a tenor de la conformidad prestada por la acusada Carla con el contenido del escrito de acusación del Ministerio Fiscal que: La acusada Carla, nacida el NUM000 de 1975, mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 04:45 horas del día 14 de marzo de 2010 conducía el vehículo Nissan Almera, matrícula ....-NLR, asegurado con póliza en vigor en la compañía Pelayo Seguros, circulando por la Avda de Salamanca en Valladolid, haciéndolo bajo los efectos de una ingestión alcohólica precedente que limitaba en la acusada su aptitud para el manejo del vehículo a motor, consecuencia de ello es que al llegar al cruce de la Avda Vicente Mortes y estando el semáforo en fase verde para los vehículos, no se apercibió de que en el paso de peatones del citado cruce, se encontraban cruzando el mismo Milagros, Adriana y Simón, atropellando a los mismos. Los agentes de Policía Municipal que acudieron al lugar, al dirigirse a la acusada, le observaron síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Por efectivos de la Policía Municipal se procedió a practicar a la imputada la prueba de impregnación alcohólica arrojando un resultado positivo de 0,58 y 0,54 mgrs/l de aire espirado.

La acusada presentaba los siguientes síntomas externos: aliento con olor a alcohol, habla normal, y en cuanto a la capacidad de exposición o juicio, parece no entenderé lo que se le dice.

Milagros resultó con traumatismo craneoencefálico y en ojo izquierdo, y policontusiones múltiples, que requirieron tratamiento facultativo necesario tras la primera asistencia facultativa, y tardó en curar 47 día de los cuales 6 estuvo hospitalizada y 29 días impedida para sus ocupaciones habituales, con secuela de Triquiasis ( 2 puntos ), Ptosis parpebral izquierda ( 5 puntos ), cervicalgia ( 1 punto ), gonalgia izquierda ( 1 punto ), por lo que las secuelas funcionales suman 9 puntos, y varias cicatrices que constituyen perjuicio estético de 4 puntos.

Adriana resultó con traumatismo craneoencefálico, contusión cerebral frontal derecha, fractura del penasco izquierdo, fractura de clavícula izquierda y policontusiones que requirieron tratamiento facultativo necesario tras la primera asistencia facultativa, y tardó en curar 100 días de los cuales 4 estuvo hospitalizada y 96 días impedida para sus ocupaciones habituales, con secuela de dolor en el hombro ( 1 punto ) y rodilla izquierda ( 1 punto ) y varias cicatrices que constituyen perjuicio estético de 2 puntos.

Simón resultó con herida en cuero cabelludo, fractura tobillo izquierdo, traumatismo pierna izquierda y erosiones múltiples que requirieron tratamiento facultativo necesario tras la primera asistencia facultativa y tardó en curar 271 días de los cuales 2 estuvo hospitalizado y 269 días impedido para sus ocupaciones habituales, con secuela de dolor en tobillo izquierdo ( 3 puntos ), material de osteosíntesis ( 2 puntos ), flebitis leve ( 3 puntos ) y varias cicatrices que constituyen perjuicio estético de 4 puntos".

SEGUNDO

La expresada sentencia, en su parte dispositiva, dice así: " Condenando a Carla como autora criminalmente responsable, de tres delitos de lesiones por imprudencia grave en concurso, ya definido a la pena de CUATRO MESES Y QUINCE DIAS de PRISION e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y a la pena de DOS AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Y a que con declaración de responsabilidad civil de la acusada y directa de la entidad aseguradora PELAYO MUTUA DE SEGUROS, indemnicen a Milagros, a Adriana y a Simón en la cantidad que resulte de aplicar a los días de curación y secuelas recogidas en los hechos probados para cada uno de ellos, el baremo del año 2012 del accidente, minorando la cantidad resultante en un 50% por concurrir culpa de los lesionados e incrementada la cantidad en un 10% de factor de corrección económico, cantidades todas ellas que devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art.20 de la Ley de Contrato de Seguro .

Y con expresa condena de la acusada al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular".

Con fecha 12 de agosto de 2013, se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva dice así: DISPONGO: "Aclarar el Fundamento Jurídico Cuarto y el Fallo de la Sentencia 29 de mayo de 2013 dictada en los autos de procedimiento abreviado nº 106/2012 por haber existido error en el número de identificación del baremo siendo el correcto el del año 2010 en lugar del año 2012, y así donde dice: "Condenando a Carla como autora criminalmente responsable, de tres delitos de lesiones por imprudencia grave en concurso, ya definido a la pena de CUATRO MESES Y QUINCE DIAS de PRISION e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y a la pena de DOS AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Y a que con declaración de responsabilidad civil de la acusada y directa de la entidad aseguradora PELAYO MUTUA DE SEGUROS, indemnicen a Milagros, a Adriana y a Simón en la cantidad que resulte de aplicar a los días de curación y secuelas recogidas en los hechos probados para cada uno de ellos, el baremo del año 2012 del accidente, minorando la cantidad resultante en un 50% por concurrir culpa de los lesionados e incrementada la cantidad en un 10% de factor de corrección económico, cantidades todas ellas que devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art.20 de la Ley de Contrato de Seguro .

Y con expresa condena de la acusada al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular".

Debe decir: ""Condenando a Carla como autora criminalmente responsable, de tres delitos de lesiones por imprudencia grave en concurso, ya definido a la pena de CUATRO MESES Y QUINCE DIAS de PRISION e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y a la pena de DOS AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Y a que con declaración de responsabilidad civil de la acusada y directa de la entidad aseguradora PELAYO MUTUA DE SEGUROS, indemnicen a Milagros, a Adriana y a Simón en la cantidad que resulte de aplicar a los días de curación y secuelas recogidas en los hechos probados para cada uno de ellos, el baremo del año 2010 del accidente, minorando la cantidad resultante en un 50% por concurrir culpa de los lesionados e incrementada la cantidad en un 10% de factor de corrección económico, cantidades todas ellas que devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art.20 de la Ley de Contrato de Seguro .

Y con expresa condena de la acusada al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular".

No ha lugar a la aclaración de sentencia interesada por la Acusación Particular, conforme a lo fundamentado en esta resolución".

TERCERO

Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por Carla y también por PELAYO MUTUA DE SEGUROS, recursos que fueron admitidos en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiendo propuesto prueba en segunda instancia, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida, en tanto no se opongan a los de la presente resolución.

PRIMERO

Nos encontramos en este caso ante una sentencia dictada de conformidad, contra la que recurre la acusada y la entidad aseguradora, todo ello en relación con aspectos no penales, sino de índole civil, de intereses y de costas.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la recurribilidad de las sentencias dictadas de conformidad en la sentencia nº 200/2012, de 23 de marzo de 2012, indicando que "la doctrina de esta Sala, como regla general, considera que son inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra sentencias de conformidad, por carecer manifiestamente de fundamento. Este criterio se apoya en la consideración de que la conformidad del acusado con la acusación, garantizada y avalada por su letrado defensor, comporta una renuncia implícita a replantear, para su revisión por el tribunal casacional, las cuestiones fácticas y jurídicas que ya se han aceptado, libremente y sin oposición. Las razones de fondo que subyacen en esta consideración pueden concretarse en tres:

1) el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, impugnando lo que ha aceptado libre, voluntariamente sin oposición y con el asesoramiento jurídico necesario.

2) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla «pacta sunt servanda»; que se conculcaría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado. 3) las posibilidades de fraude, derivadas de una negociación dirigida a conseguir, mediante la propuesta de conformidad, una acusación y una sentencia más benévolas, para posteriormente impugnar en casación lo previamente aceptado, sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciados para obtener la conformidad.

Ahora bien esta regla general de inadmisibilidad del recurso de casación frente a las sentencias dictadas de conformidad está condicionada a una doble exigencia: que se hayan respetado los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez de la sentencia de conformidad y que se hayan respetado en la sentencia los términos del acuerdo entre las partes.

Así, por ejemplo, desde la primera de dichas perspectivas resulta admisible un recurso interpuesto frente a una sentencia de conformidad, cuando se alegue que se ha dictado en un supuesto no admitido por la ley (pena superior al límite del art. 787.1), cuando se alegue que no se han respetado las exigencias procesales establecidas (por ejemplo la «doble garantía» o inexcusable anuencia tanto del acusado como de su letrado), cuando se alegue un vicio de consentimiento (error, por ejemplo) que haga ineficaz la conformidad, o, en fin, cuando, excepcionalmente, la pena impuesta no sea legalmente procedente conforme a la calificación de los hechos, sino otra inferior, vulnerándose el principio de legalidad ( sentencia 17 de abril de 1993 ), que debe imperar como garantía constitucional que impide imponer sanciones que se ajusten a las previsiones del hecho sancionado ( STS. 754/2009 ).

Desde la segunda de dichas perspectivas, resulta admisible el recurso interpuesto contra sentencias que no respeten los términos de la conformidad de las partes, bien en el relato fáctico, bien en la calificación jurídica o bien en la penalidad impuesta, debiendo recordarse que la admisibilidad del recurso no determina la decisión que en su momento haya de adoptarse sobre su estimación, pues el Tribunal sentenciador, por ejemplo, no pierde sus facultades de individualizar la pena en cuantía inferior a la solicitada ( sentencias 4 de diciembre 1990 ), 17 de junio y 30 de septiembre de 1991 ), 17 de julio de 1992, 11, 23 y 24 de marzo de 1993 ), teniendo como límite en cuanto a la penalidad no poder imponer pena más grave que la pedida y conformada ( STS 27- 4-1999, 6-3-2000 )" .

Trasladando estas consideraciones al caso enjuiciado, hemos de comprobar en qué términos se produjo la conformidad, teniendo en cuenta que dentro del proceso penal no sólo se ventilan pretensiones de esa índole -penal-, sino que junto a las mismas se reclaman en ocasiones otras pretensiones, como las pretensiones de índole civil (entre las que están las reclamaciones por intereses), y las costas procesales, que a veces alcanzan gran relevancia.

La conformidad ha de contener todos los aspectos discutidos, incluidos aquellos que pueden considerarse accesorios como es el comiso, la responsabilidad civil, los intereses, las costas procesales, pero que en ocasiones alcanzan gran relevancia, y también forman parte de lo que es discutido y ha de ser resuelto en el proceso penal.

Visualizado el video en el que se contiene el Acta del Juicio, se comprueba que la conformidad en este caso se basó en el escrito de acusación realizado por el Ministerio Fiscal, cuyas conclusiones provisionales (de las que se parte) obran unidas a los folios 242 a 244 de la causa, si bien fueron modificadas las conclusiones 1ª, 2ª y 5ª.

Sólo se discuten en los recursos algunas de las modificaciones que fueron introducidas en la conclusión 5ª que, a juicio de los recurrentes, después no han sido respetadas en la sentencia, no habiéndose respetado -según las partes- los términos de la conformidad.

El Ministerio Fiscal modificó la conclusión 5ª en el sentido de modificar las penas en unos términos que nadie discute.

En materia de costas procesales indica "y costas".

En materia de responsabilidad civil, mantuvo que el acusado y la compañía de Seguros Pelayo indemnizaran a Milagros, Adriana y Simón en las cantidades que resulten a los días de curación y secuelas recogidos en los hechos probados para cada uno de ellos, procediendo aplicar el Baremo de la fecha del accidente, reducidas en un 50 % (al apreciarse una concurrencia de culpas de las víctimas), cantidades a las que se añadirá el 10 % en concepto de factor de corrección, y al ser preguntado expresamente por la Juzgadora, indicó que en materia de intereses había que tener en cuenta las consignaciones que se habían efectuado (por la entidad aseguradora), diciendo finalmente que se incluiría el "interés legal si hubiera lugar a ello" . Con esos términos es con los que se produjo la conformidad de todas las partes.

SEGUNDO

Ambos recursos coinciden en gran medida en sus argumentos, por lo que van a ser analizados conjuntamente.

Lo primero que se discute es el hecho de que se haya dejado para ejecución de sentencia el cálculo de las indemnizaciones a favor de los lesionados, dado que existen en las diligencias elementos suficientes para haberlas cuantificado la Juzgadora de instancia en su sentencia.

Basta comprobar la conformidad prestada, a la que antes hemos hecho alusión, para comprobar que el Ministerio Fiscal sí modificó sus conclusiones provisionales en materia de responsabilidad civil, al indicar que serían las cantidades que resulten de los criterios que allí fueron expuestos, y por ello la Juzgadora de instancia recoge en este punto los mismos términos de la conformidad, que no fueron de fijación definitiva de las cantidades, sino de fijación de las bases (véase artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) por las que habrá de determinarse la indemnización, por lo que en este punto no se aprecia que la Juzgadora de instancia se haya desviado de la conformidad prestada.

En ejecución de sentencia, y ateniéndose al Baremo de 2010 (tal y como se indició por el Auto de fecha 12 de agosto de 2013), se procederá a la determinación definitiva de cada una de las indemnizaciones.

TERCERO

En materia de intereses, tiene razón la parte recurrente. Se acuerda en la sentencia que las cantidades devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro . Nada se fundamenta en la sentencia de porqué se imponen intereses, ni porqué se imponen a la entidad aseguradora los intereses del art. 20 de la Ley de Contratos de Seguro, a los que nadie hizo alusión en la conformidad.

Como explica la entidad aseguradora, efectuó diversas consignaciones a lo largo de la instrucción conforme al art. 9, apartado A de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y en la sentencia no se explica porqué no se tiene por cumplida la obligación de consignación a efectos de evitar el incurrir en mora y el pago de los intereses.

Por otra parte, debe observarse que ni siquiera a fecha de hoy han sido fijadas definitivamente las indemnizaciones que cada uno de los perjudicados han de percibir, puesto que (de acuerdo con la conformidad prestada) su determinación exacta ha sido dejada para ejecución de sentencia, y en la conformidad se partió de que existía una concurrencia de culpas del 50 % por parte de las víctimas, por lo que claramente era discutible la determinación de la cuantía de las indemnizaciones; el pago de los intereses es una consecuencia de la mora del deudor ( art. 1.108 del Código Civil ), mora que en este caso no se ha producido por las circunstancias indicadas.

De igual modo, los "intereses legales" a los que se refirió el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas (en las que se basó la conformidad), hemos de entender que son los intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "si hubiera lugar a ello", intereses que en este caso tampoco caben, dado que en la sentencia de la instancia no se ha fijado una cantidad de dinero líquida.

Por lo tanto se ha de suprimir de la parte dispositiva de la sentencia el pronunciamiento relativo a: "...cantidades todas ellas que devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro " .

CUARTO

También tienen razón las partes recurrentes en materia de costas procesales.

Como antes hemos indicado, la conformidad que se prestó por las partes estuvo basada en el escrito de calificación elaborado por el Ministerio Fiscal, con las modificaciones contenidas en el acto del Juicio, y a las que antes ya hemos hecho referencia, y las partes acusadoras lo aceptaron, en definitiva, no manteniendo ya sus propias conclusiones provisionales, sino las que en ese momento efectuó el Ministerio Fiscal.

En el acuerdo de la conformidad en ningún momento se dijo que en la imposición de las costas procesales a la acusada (que se imponen por ministerio de la ley al acusado, conforme al art. 123 del Código Penal ), estuvieran incluidas las costas de las acusaciones particulares; como ya hemos dicho, tales aspectos también forman parte de lo que es objeto de debate entre las partes en un proceso penal, y si pretendían las acusaciones que en la conformidad estuviera incluida la condena de la acusada a las costas procesales, incluidas las costas de las acusaciones particulares, así debería de haber constando en el acuerdo. Por lo tanto el pronunciamiento en el que se dice: "Y con expresa condena de la acusada al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular", debe decir, "Se condena a la acusada al pago de las costas procesales causadas, sin que en tal condena se incluyan las de las acusaciones particulares" .

QUINTO

Por todo ello, como ya se ha indicado, los dos recursos sí han de ser parcialmente estimados en los términos que han sido expuestos en la presente resolución.

SEXTO

Conforme al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta que los recursos sí son estimados aunque lo sea parcialmente, se estima procedente declarar de oficio las costas procesales de esta alzada.

F A L L O

Que estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Carla y por PELAYO MUTUA DE SEGUROS, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid en el procedimiento de que dimana el presente Rollo de Sala, debemos REVOCAR, como REVOCAMOS parciamente mencionada resolución en el sentido de:

- Suprimir de la parte dispositiva de la sentencia de instancia el pronunciamiento relativo a: "...cantidades todas ellas que devengarán el interés legal, que para la entidad aseguradora será el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro “.

- El pronunciamiento en el que se dice: "Y con expresa condena de la acusada al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular", debe decir, "Se condena a la acusada al pago de las costas procesales causadas, sin que en tal condena se incluyan las de las acusaciones particulares".

Se confirman y mantienen el resto de los pronunciamientos de la resolución recurrida.

Se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en audiencia pública en el día veinticuatro de octubre de 2013, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

Tres razones para venir a

ABOGADOS